sábado, 18 de febrero de 2012

VENEZUELA, Denuncian la venta ilegal de parcelas en ''La Caracara''


Miembros de la familia Giménez del estado Carabobo y la sociedad Inversiones Ganaderas Agrícolas, C.A. (Ingaica), informan que son ellos los legítimos propietarios de la "Hacienda La Caracara", ubicada en el municipio San Diego del estado Carabobo, alertando a la colectividad sobre la existencia de unas cooperativas que carecen del derecho de vender estas tierras. 
Denunciaron que actualmente, las personas que se dicen representantes de las cooperativas, que actúan ilegalmente en el predio, se han dado a la tarea de ofrecer parcelas y derechos en el mismo, lo cual es ilegal y tiene características de fraude a los posibles compradores. De esta forma, Ingaica y la familia Giménez afirman ser los legítimos propietarios de esa hacienda desde el año 1.935, y solo aquéllos a quienes les han vendido parte del terreno son en realidad dueños de tierra y titulares de derechos en ese sector. Así, la familia Giménez acusa que estas cooperativas negocian con parcelas de las cuales no poseen título de propiedad que indique que alguna de ellas tenga derecho sobre la bienhechuría. Asimismo, fue presentado un documento ante la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en donde ésta confirmó el día 25 de mayo de 2010, bajo ponencia del Magistrado Omar Mora referente a "La Ocupación", declaró Sin Lugar, la apelación del Inti. En razón de ello, tanto la permanencia dentro de la hacienda de las personas, socios o no de las diversas cooperativas, así como cualquier ente público que allí se encuentre son ilegales y violatorias de la Constitución Nacional. De esta manera, el día 3 de noviembre del año 2010, bajo ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena, la misma Sala decidió sobre "El Uso", estableciendo que la actividad agraria podría llevarse a cabo en un inmueble ubicado en zona rural o urbana, conforme a la situación de hecho y jurídica particular del terreno en cuestión. Sin duda, "la propiedad Privada" de la familia Giménez y de Ingaica permanece incólume. De tal manera, se le advierte a los carabobeños y venezolanos que esa actividad es un hecho punible, un delito, y como tal origina responsabilidad penal y civil a quienes participen de la misma. 

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